El procedimiento administrativo sancionador: análisis de su eficiencia y legitimidad en el Ecuador

Resumen

El procedimiento administrativo sancionador se configura como un instrumento fundamental en el ámbito del derecho administrativo, permitiendo a la administración pública garantizar el cumplimiento de las normas a través de sanciones aplicadas a quienes las incumplen. En el Ecuador este procedimiento adquiere especial relevancia debido a su impacto en el debido proceso, la seguridad jurídica, la transparencia institucional y la protección de los derechos de los ciudadanos.
En el presente artículo científico se analizará la eficiencia y legitimidad del procedimiento administrativo sancionador en Ecuador desde una perspectiva normativa y práctica. La eficiencia se evalúa en términos de tiempos procesales, recursos asignados y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, en cambio que la legitimidad se examina a través de principios como el debido proceso, la proporcionalidad y la legalidad, garantizando que las decisiones administrativas respeten los derechos fundamentales.
Como propuestas de mejora, se plantea la optimización de recursos humanos y tecnológicos, la capacitación continua del personal administrativo y la implementación de mecanismos que fortalezcan la transparencia y el acceso a la información. Estas medidas no solo permitirían aumentar la eficiencia del procedimiento, sino también reforzar su legitimidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Para nuestro concepto el procedimiento administrativo sancionador en Ecuador debe evolucionar hacia un modelo más eficiente y legítimo que garantice un balance adecuado entre la potestad sancionadora del Estado y la protección de los derechos ciudadanos.
La metodología aplicada en esta investigación es cualitativa, basada en la revisión documental y normativa, con un enfoque descriptivo y analítico. Se utilizaron métodos inductivo, deductivo, comparativo, analítico, histórico y jurídico-dogmático-exegético. Esta combinación metodológica permitió examinar la estructura y funcionamiento del procedimiento sancionador, identificar sus debilidades y proponer soluciones fundamentadas en el respeto a los derechos fundamentales y estándares internacionales.