El término para la contestación de visto bueno y el derecho a la defensa
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Resumen
La investigación examina el término de dos días establecido por el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2021-219 y el artículo 621 del Código de Trabajo para contestar una solicitud de visto bueno en el contexto laboral ecuatoriano. Este plazo breve ha suscitado preocupaciones sobre su compatibilidad con el derecho a la defensa, consagrado en la Constitución de Ecuador y la Convención Americana de Derechos Humanos. El estudio emplea una metodología cualitativa, analizando normativas, doctrinas y jurisprudencias relevantes. Se destaca el principio de reserva de ley, que requiere que ciertas materias sean reguladas por ley para garantizar la seguridad jurídica. Sin embargo, se cuestiona si la especificación reglamentaria del plazo de dos días vulnera este principio. El derecho a la defensa es importante en las relaciones laborales debido a la subordinación del trabajador hacia el empleador. La investigación concluye que el plazo de dos días puede ser insuficiente para preparar una defensa adecuada, afectando las garantías procesales. Se menciona que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado la necesidad de plazos razonables en procedimientos que afecten derechos laborales. Se recomienda revisar la normativa para asegurar que se respeten los derechos de defensa, manteniendo un equilibrio entre celeridad procesal y protección de derechos laborales, conforme a los principios constitucionales y estándares internacionales.
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Edison Geovanny Fonseca-Montesdeoca, Universidad Bolivariana del Ecuador - Ecuador
https://orcid.org/0009-0007-1051-4637
Profesional en libre ejercicio. Egresado de la Universidad Técnica Particular de Loja 2018, mediador formado en el centro de mediación Pacto de Paz, con seis años experiencia en el campo civil. Actualmente cursando la maestría de derecho procesal en la Universidad Bolivariana del Ecuador.
Holger Geovanny Garcia-Segarra, Universidad Bolivariana del Ecuador - Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-2499-762X
Graduado de Abogado en 2010, Asesor Jurídico en instituciones Públicas, Inspector de Trabajo, Defensor Público, Graduado de Magister en derecho procesal en el 2020, Docente Universitario desde 2021, Coordinador académico de Maestría de Derecho Procesal en la actualidad.
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