El allanamiento de domicilio en el Ecuador según él Código Orgánico Integral Penal y la posible vulneración al Debido Proceso RESUMEN

Resumen

El presente artículo se ha desarrollado con el objetivo de determinar si el procedimiento de la diligencia de allanamiento en el Ecuador en relación con el Código Orgánico Integral Penal, se está llevando de una manera adecuada o si está vulnerando los derechos de las personas. Para lo cual se aplica un tipo de estudio descriptivo con enfoque cualitativo, cuyo propósito consiste en ilustrar con datos reales el exceso en los procedimientos de los allanamientos, que muchas veces provocan violación a los derechos humanos, ocasionando también daños físicos y materiales. Como resultado se expone que el debido proceso, concierne a una serie de derechos para que una persona pueda ejercer de manera adecuada su defensa, y que los procedimientos jurídicos que se realicen tengan plena observancia de los principios fundamentales reconocidos por los instrumentos internacionales, así como por la Constitución del Ecuador, con lo que busca evitar acciones arbitrarias por parte del Estado, en este sentido, el procedimiento de allanamiento de domicilio para que pueda ser ejecutado tiene que tener una correcta motivación jurídica, puesto que se vulneran derechos fundamentales tales como la inviolabilidad de domicilio, así como los derechos a la dignidad humana, integridad personal, seguridad jurídica y garantía al debido proceso y por tanto deben existir indicios irrefutables que induzcan a realizar dicha acción con la finalidad de tener resultados fructíferos para los fines de la investigación, además en comparación con las legislaciones penales de Perú, Argentina y Venezuela, se debería contemplar para el procedimiento que se establezcan horarios en los cuales se pueda ejecutar el allanamiento, así como tener la presencia de testigos que certifiquen el respeto de los derechos. También es importante contar con disposiciones sancionatorias para autoridades y personal partícipe de los hechos, cuando en consecuencia se han vulnerado los derechos constitucionales y la operación resulta infructuosa para los fines de la investigación.