Análisis jurídico a las sanciones por amparo administrativo minero en el Ecuador

Resumen

El presente artículo analiza el amparo administrativo minero como un mecanismo de control ejercido por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) en el Ecuador, evaluando su eficacia en la verificación del cumplimiento de la normativa legal, ambiental y técnica. A través de un enfoque jurídico-analítico, se examina la aplicación supletoria del Código Orgánico Administrativo (COA) en los procedimientos sancionadores de la Ley de Minería, destacando los vacíos normativos que afectan la legalidad y seguridad jurídica del administrado.
El estudio identifica que la falta de un procedimiento sancionador minero específico genera ambigüedades en la práctica administrativa, propiciando actuaciones discrecionales por parte de la autoridad. Esta situación se traduce en vulneraciones al debido proceso, especialmente en cuanto a plazos, notificaciones y motivación de los actos administrativos. Asimismo, se observa que la ausencia de criterios claros de graduación de sanciones limita la proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de medidas correctivas.
Desde una perspectiva crítica, se sostiene que la ARCOM ejerce su potestad sancionadora sin un marco técnico-procedimental debidamente armonizado con los principios constitucionales. Esta deficiencia produce inseguridad jurídica y reduce la legitimidad institucional del control minero estatal. El análisis revela que la falta de transparencia y uniformidad en la aplicación del COA impacta negativamente en la protección de los derechos de los concesionarios y en la eficiencia de la función pública.
El trabajo concluye que la eficacia del amparo administrativo depende de la existencia de reglas claras, objetivas y proporcionales, que aseguren la correcta motivación de los actos y el respeto al debido proceso. Se recomienda establecer un reglamento específico para el procedimiento sancionador minero, elaborar una tabla de sanciones graduadas y fortalecer las capacidades técnicas de la ARCOM. Estas medidas consolidarían un control administrativo más justo, transparente y alineado con los principios del Estado de derecho.